sábado, 5 de mayo de 2018

Gabriel Ceballos a juicio fiscal


Lentamente  se comienza  a aplicar justicia por el saqueo que varios funcionarios hicieron a Corpourabà, la Contralorìa  actúa al igual  que la Fiscalìa  General  de  la Nación.

Gabriel Ceballos Echeverri-Exdirector general de Corpourà, a 
responder ante la Contralorìa por detrimento patrimonial  ala entidad.

La Contraloría de Antioquia abrió proceso fiscal en contra del exdirector general de Corpourabà Gabriel Alonso Ceballos Echeverri y varios de sus funcionarios, por el presunto detrimento patrimonial a la entidad superior a los dos mil millones de pesos. 

La medida afecta igualmente a los siguientes exfuncionarios, quienes también afrontan procesos en la Fiscalía General de la Nación: Aracely de Jesús Alzate Aristizabal, en calidad de tesorera, Diana Cristina Pineda Valderrama, jefe de presupuesto, Hamet Ríos Linares, jefe de contabilidad y Farid del Carmen Vergara Martínez, secretaria ejecutiva de Corpourabà. 

El proceso ordinario de responsabilidad fiscal-2017-01361, está considerado por el ente de control en la suma de 2.659.275.037 millones de pesos, se conoció de fuentes oficiales. 

La medida también afecta a dos reconocidas aseguradores como terceros en el proceso, La Previsora de Seguros y Liberty Seguros. 

“Mediante oficio con radicado SIGEDOC No. 20161E0090860 del 14 de octubre de 

2016 se remitió a la Presidencia de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia el hallazgo originado en la denuncia No. 2016-95709-80054-D, conincidencia fiscal por presunto daño patrimonial correspondiente a "irregularidades ocurridas en CORPOURABA por pagos y transferencias de recursos de la Corporación a cuentas de familiares y allegados de la responsable de Tesorería de la entidad por $102.362.312" (antecedente 080-2016). 

Luego, con el oficio 20161E0107068 del 12 de diciembre de 2016 se realizó el traslado del hallazgo fiscal "detectado en la auditoría realizada a CORPOURABA vigencias 2014 y 2015, por presuntas irregularidades ocurridas (...) por pagos y transferencias de recursos de la Corporación a cuentas de funcionarios de la entidad, familiares y allegados de la responsable de la Tesorería de la entidad por 

$2.026.889.204" (antecedente 086-2016). 

Para el 18 de julio de 2017, a través del oficio 20171E0057641, se remitió el hallazgo "detectado en la auditoría realizada a CORPOURABA vigencia 2016, por presuntas irregularidades ocurridas (...) por pagos y transferencias de recursos de la Corporación a cuentas de funcionarios de la entidad, familiares y allegados de la responsable de la Tesorería de la entidad por $530.023.611" (antecedente 052-2017). 

Mediante auto No. 157 del 16 de marzo del año 2017, la Presidenta de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia de la Contraloría General de la República, asigna la ponencia del proceso de responsabilidad fiscal ordinario derivado del antecedente No. ANT IP-2017-00454 (080-2016 y 086-2016) al doctor Carlos Arturo Salazar Durán; posteriormente, en auto 547 del 15 de septiembre del mismo año, lo acumula con el antecedente ANT_IP-2017-01022 (052-2017), a cargo del mismo ponente; y, finalmente, con el auto No. 657 del 7 de noviembre de 2017, reasigna la sustanciación del proceso al abogado Oscar Fabián Jaraba Salgado. 

HECHOS 

Según informe de traslado de hallazgo derivado de la denuncia No. 2016-95709- 

80054-D: "En el trámite de la denuncia se observó: Que en algunos procesos contractuales y en algunas situaciones relacionadas con liquidaciones de vacaciones y de prestaciones sociales de funcionarios de la entidad, se ordenaron pagos a los respectivos contratistas y funcionarios y se generaron los respectivos pagos mediante comprobantes de egreso a estas mismas personas relacionadas en las órdenes de pago, no obstante lo anterior, según información reportada a este Ente de Control, por las mismas entidades bancarias en donde CORPOURABA tiene las cuentas que fueron utilizadas para realizar dichos pagos, se evidencia que los mismos fueron realizados efectivamente a nombre de otros beneficiarios, diferentes a los contratistas y funcionarios, sobre los cuales CORPOURABA no tiene relación alguna y carecen de los soportes para fundamentarlos. 

Que según la información reportada a este Ente de Control, por las mismas entidades bancarias en donde CORPOURABA tiene las cuentas, se evidencian retiros de dinero a nombre de beneficiarios, sobre los cuales CORPOURABA no tiene relación alguna y carecen de los soportes para fundamentarlos. Las situaciones anteriores son generadas por un inadecuado y deficiente manejo de los recursos públicos, lo que ocasiona un presunto daño patrimonial conforme al artículo 6° de la Ley 610 de 2000, por $102.362.222. 

(Presunta connotación penal, disciplinaria y fiscal)". 

A su turno, el informe de traslado de hallazgo derivado de la primera auditoría realizada a CORPOURABA indica que: 

"En el desarrollo de la auditoría se observó: 

Los saldos de las cuentas 64517006538, 64546805609, 64507045730, 

10852510178, 64525177581, 64543523133, 64543523681 y 6459264423 de 

CORPOURABA en Bancolombia, se encuentran afectadas por transferencias electrónicas realizadas durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 y primer semestre de 2016, sobre las cuales no se evidenciaron documentos soporte por $2.026.889.204. 

Lo anterior se pudo establecer al cotejar la base de datos suministrada por Bancolombia con los números de cédula de los funcionarios, evidenciándose que a las cuentas nómina de los funcionarios que desempeñan cargos de tesorero, coordinadora de presupuesto, contador y secretaria de tesorería se realizó transferencias por $ 1.294.170.826 pagos que no tenían soportes. 

Así mismo se observó registros de transferencia de recursos a las cuentas personales de ocho (8) particulares por valor de $719.820.148. 

Igualmente se verificó la base de datos suministrada por el Banco BBVA — sucursal Apartadó, encontrándose que la cuenta bancaria No. 00500520100168135 se transfirió sin soporte la suma de $12.898.230 a la cuenta No. 052000200127347, que tiene como titular al contador de la corporación. Se determinó que el modo operante del fraude realizado por los funcionarios implicados, en gran parte se efectuó creando comprobantes de egreso ficticios, a nombre de proveedores que le han prestado servicios a la entidad, los cuales fueron utilizados como soportes para legalizar transferencias electrónicas realizadas a terceros (personas implicadas en los hechos)...” se desprende del expediente oficial que reposa en la Contraloría de Antioquia, en nuestro poder.